Hace medio siglo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional comenzaron a condicionar sus beneméritos préstamos según el desarrollo de ciertas estrategias en materia de política educativa. El “derecho a la educación”, presente los propios documentos del BM desde 1944, se reemplaza por la necesidad de garantizar el “acceso a la educación” como “servicio” suministrable por proveedores privados. El desembarco del poder corporativo en el mercado de la educación tiene origen en la Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de la Educación (Virginia, octubre de 1967), donde el BM impone el análisis económico como forma de diagnosticar, definir y diseñar las políticas educativas. Esa estrategia y sus sucesivas medidas acotaron un horizonte de posibilidad global que todos los estados, Europa incluida, han aceptado con más o menos premura.

En su informe La Enseñanza Superior. Las lecciones derivadas de la experiencia (1994), el BM orienta5 a los gobiernos de la OCDE en la “necesaria reforma” de la Educación Superior. En 1998 se publica un documento restringido del Secretariado de la OMC apuntando que, si los estados asumen la entrada de proveedores privados, la educación puede convertirse en un servicio comercial bajo regulación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. En 1999, la educación se incluye en el AGCS como servicio liberalizable. Tres años antes, otro informe titulado La educación encierra un tesoro (1996) impone la “economía basada en el conocimiento” como estrategia de competitividad de la UE en el mercado mundial. El papel de los sistemas educativos en esa estrategia es clave y comienza con la declaración de Bolonia (1999). En 2000, la Agenda de Lisboa hace una promesa: “La Unión se ha fijado hoy un nuevo objetivo estratégico para la próxima década: convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social”. Todo fluye. Tras las declaraciones de Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005), en plena depresión económica y después de varias revisiones, las tres prioridades de la Estrategia Europa 2020 se ratifican en 2010 (Estrategia Europa 2020). En la UE, todos los gobiernos asumen y aplican estos planes de manera dócil y entusiasta. Sus pretextos son el aumento de la demanda (estudiantes), las carencias en la financiación pública, las necesidades de la sociedad (léase de la sociedad- empresa) y la mejora de la calidad, la eficiencia y la productividad del servicio.

La vieja noción de excelencia6 se retuerce y redefine. Los “campus de excelencia” compiten con sellos y menciones en un escenario desnaturalizado que sustituye derechos por commodities, prometiendo a sus clientes un futuro laboral más y más improbable. La clave legitimadora de esa nueva racionalidad en el mercado de los títulos académicos es una noción de calidad “interpolada o importada directamente del léxico empresarial al léxico universitario neoliberal. […] El capitalismo como religión sin dogma (al decir de Walter Benjamin), en este caso operando universitariamente de un modo flexible como imperio del cálculo y la maquinación” (Díaz-Letelier, 2016: 7). La calidad se introduce así como marca distintiva clave para una oferta diferenciada. El credo neoliberal identifica calidad con “rendimiento” de centros y alumnado – término repetido en la Estrategia Nacional de Calidad del ministerio de Educación español. El criterio pedagógico desaparece ante esa concepción mercantilista y gerencial, su división del trabajo, la evaluación del producto o el control de calidad del resultado.

Gobierno con números. Calidad, eficacia y eficiencia. El centro educativo funcionará como una empresa. La Universidad será una empresa dedicada a obtener financiación y gestionarla con eficiencia. El estudiante será, en distintos niveles, cliente que paga y/o recurso a explotar.

La palabra ‘privatización’ es agresiva de veras, incluso si ya no nos damos cuenta de ello. Es una palabra que designa directamente el hecho de que ciertas actividades que estaban destinadas al bien público deben ser restituidas a la propiedad privada como tal. Es una palabra de una agresividad extraordinaria, aunque ahora se haya vuelto una banalidad. Asimismo, y de manera incesante – ya se trate de la derecha o de la izquierda, en este punto no hay ninguna diferencia -, se deshacen secciones enteras de la legislación social: piénsese en el Código del trabajo, en la Seguridad social, en el sistema educativo…

Badiou, 2016: 30